La guerra de los bancos españoles por hacerse con el capital de los dos grandes bancos portugueses continua. La angoleña descoloca la estrategia del BPI, al que apoya el banco español. Isabel dos Santos ofrece un precio de saldo por el angoleño BPA en contra de CaixaBank. La reestructuración de la banca lusa pasa por la venta de Novo Banco, al que aspira el Santander tras la fallida operación de los fondos chinos y norteamericano.
La situación creada por Isabel dos Santos en el Banco Portugués de Investimento (BPI) y a su mayor accionista, CaixaBank, sigue en pie de guerra. Por si hubiera alguna duda sobre la voluntad de ruptura y sobre sus ambiciones, la empresaria angoleña ha ofrecido un precio de saldo (140 millones) para controlar el angoleño BPA, que es el principal activo del BPI, donde utiliza el límite del 20% de derechos de voto, con apenas un 18,6% del capital, para forzar a CaixaBank a vender su 44,1% en el tercer banco luso.
Lo que ha hecho ahora la hija mayor del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ha sido poner su “veto definitivo” a la propuesta de segregación del 51,1% del BFA en manos del BPI. Así, en contra de la decisión de todos los demás accionistas del BPI (empezando por la CaixaBank, que controla 44,1% del capital pero solo puede utilizar un 20% de derechos de voto), rechaza la idea de aparcar el negocio africano (Angola, Mozambique), y por lo tanto los respectivos riesgos, en una sociedad cuyo capital seria distribuido entre los accionistas del banco luso. Isabel dos Santos juega sobre seguro: con el 49,99 % del BFA en su poder , a través la operadora de telecomunicaciones angoleña Unitel, donde ostenta una participación de al menos 25%, la mujer más rica de África ofrece 140 millones para hacerse con el 10% del banco angoleño, para alcanzar así una participación de control del 60%. El tiempo corre a su favor, ya que el BPI tiene prisas en segregar sus negocios africanos, por las exigencias del BCE, que no reconoce las reglas de supervisión y cálculo de riesgos practicados en Angola y Mozambique.
De lo que no cabe duda es que Isabel dos Santos había advertido a la gestión y los restantes accionistas del BPI, empezando por CaixaBank, que votaría en contra de la creación de un nuevo vehículo para concentrar las participaciones del banco en Angola y Mozambique. A la empresaria angoleña le trae sin cuidado que el BCE pueda penalizar el BPI, por una elevada concentración de riesgos situada al margen del sistema de supervisión europeo. Lo que intenta es poner la máxima presión sobre la gestión del banco y más aún sobre CaixaBank, teniendo como objetivo principal hacerse con el control ya no solo del BFA, sino también del BPI.
Además del apoyo de su padre, que lleva décadas en la presidencia de Angola, Isabel dos Santos opera con socios angoleños de gran calado, como la petrolera pública Sonangol y la operadora de telecomunicaciones Unitel. Sonangol, por ejemplo, controla un 19,4% del mayor banco privado luso, el BCP, cuyo segundo mayor accionista es el Banco Sabadell, con un 4,3% del capital. De ahí la idea de la fusión BPI-BCP: fue Isabel dos Santos quien la puso sobre la mesa, para presionar a CaixaBank, que al final decidió retirar la oferta de 1.000 millones por el 56% del BPI fuera de su control y condicionada a la previa eliminación de la limitación de derechos de voto.
Sin embargo, queda aún por saber lo que hará CaixaBank, que solo tendría dos salidas posibles: mantener su apuesta en el BPI, apoyando una eventual fusión con el BCP, y que pondría la nueva entidad como líder nacional con más de una tercera parte del mercado, o ceder a la presión de Isabel dos Santos, abandonando la lucha y Portugal.
Las prioridades de CaixaBank
La tesis de Isabel dos Santos es que caben otras alternativas, que aún no especifica pero que a todas luces no parecen encajar con lo que opinan los restantes accionistas y la dirección del BPI. No es la primera vez que la ambiciosa empresaria, que según la revista Forbes ostenta ya la mayor fortuna de África, utiliza su posición de fuerza para frenar la gestión del BPI.
Eso ya lo hizo cuando CaixaBank intentó hacerse con el control del banco, donde lleva más de 20 años como accionista de referencia sin participar en la gestión. Isabel dos Santos votó en contra de la reforma estatutaria que exigía la entidad catalana para suprimir la limitación de los derechos de voto, y como alternativa propuso una fusión del BPI con el BCP pero que quedó en nada.
El “choque de egos” del que hablan los analistas portugueses es muy claro: la opinión general es que por una cuestión de simple racionalidad financiera, CaixaBank e Isabel dos Santos están condenados a entenderse, y si tardan tanto en hacerlo es porque cuando llegue el momento habrá necesariamente un “perdedor”. De hecho, tras la retirada de la OPA sobre el BPI, CaixaBank habría perdido interés por Portugal, y más aún por África, donde el banco luso tiene participaciones de control en dos bancos de Mozambique que serían igualmente transferidos a la nueva sociedad prevista para recibir el 51% del BFA.
Por lo tanto, lo que hace Isabel dos Santos es sencillamente esperar a que CaixaBank llegue a la conclusión de que no tiene nada que ganar, si sigue con su apuesta en Portugal y en África, a menos que ponga sobre la mesa una nueva oferta por el BPI, y por un precio muy superior al que ofreció en febrero de 2015. El plan estratégico hasta el 2018, es muy explícito sobre las prioridades de CaixaBank, que pone como máxima prioridad la optimización de los recursos y la mejora de los ratios de capital, con que no podrá permitirse el lujo, por ejemplo, de sufrir las consecuencias de una fuerte penalización del BPI por parte del BCE, si no llegara a eliminar de algún modo la alta concentración de riesgos que tiene en Angola y Mozambique.
Cabe recordar además que su presencia en el mercado luso ya no es prioritaria, porque solo aporta una parte mínima de los beneficios del BPI, de cuya gestión seguirá apartado, por lo menos hasta que no selle la paz con Isabel dos Santos sobre los derechos de voto y sobre el BFA. ¿Pero a qué precio?
Reestructuración bancaria
Llegará un día en que toda la banca de Portugal estará en manos del capital extranjero, advierten algunos analistas, refiriéndose al dúo angoleño Sonangol-Isabel dos Santos y aún más a la gran banca española, que sigue encontrado en Portugal buenas oportunidades de inversión. El mejor ejemplo de ello es el Banco Santander, que, tras un proceso laborioso, acabó haciéndose con el Banif (con su 2,5% del mercado), pagando 150 millones de euros y haciéndose cargo del pago la deuda senior de los inversores institucionales (tienen prioridad frente a otros acreedores), y solo tras una inyección de 2.200 millones por parte del Estado y del Fondo de Resolución.
De hecho, la banca española controla ya más de 20% del sector financiero luso, con un 14,5% del total correspondiendo al Santander Totta, cuyas ambiciones en Portugal superan de largo las del Banco Popular, las del Sabadell y las de Bankinter, que por 100 millones de euros se hizo con la red minorista local del Barclays. Pero de momento es el Santander el que concita más atención: teniendo la mejor imagen de marca, por eficiencia y por resultados, y aunque controle ya casi un 15% del mercado bancario de Portugal, el banco dirigido por Ana Botín no tendría por qué poner límites a su expansión en el país vecino, donde vuelve a tener una nueva oportunidad para ponerse como líder absoluto.
Lo que está en juego es el futuro de Novo Banco (NB), que tras una nueva capitalización privada por casi 2.000 millones de euros (fue realizada a través una polémica transferencia al “banco malo” BES de deuda sénior en manos de inversores institucionales) quedó más “guapo” para ser vendido.
Santander a por Novo Banco
Pese al cambio político en Portugal, la gran banca lusa seguirá siendo un sumidero de dinero público. Buena prueba de ello es la venta del pequeño Banco Internacional de Funchal (Banif), cuya red de 150 oficinas (unos 2.000 empleados, 6.500 millones de euros en depósitos y 4.200 millones en créditos) opera desde mediados de diciembre de 2015 bajo los colores del Santander Totta. El precio anunciado de 150 millones solo cubrirá un 3,5% de los costes que el saneamiento de Banif tendrá para las arcas públicas.
Lo previsto por la Comisión Europea es que la resolución de Banif podrá tener un coste de hasta 3.800 millones de euros, pero cuyo impacto en las cuentas del Estado se irá diluyendo durante varios años para no comprometer el compromiso asumido por el gobierno de Antonio Costa de situar y de mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB.
Por lo tanto, aunque la cuota de mercado de Banif no supere el 2,5%, el saneamiento de la entidad no quedará lejos del esfuerzo de 4.900 millones exigido a las finanzas públicas y a la banca para mantener a flote Novo Banco (NB), que tras la quiebra del imperio de la Familia Espírito Santo concentra los activos buenos del antiguo BES y que tiene un peso del 17% en el sector. De hecho, el Santander solo aceptó hacerse cargo del Banif -por el que ha pagado 150 millones-, después de recibir la garantía de la CE y del Estado portugués de que no acarreará con la responsabilidad de las pérdidas derivadas de la venta prevista de los activos tóxicos de la entidad.
Y es aquí donde se podría cuestionar el interés del Santander en hacerse con la gestión de un banco con tantos problemas como los que tiene Banif, y que además por su pequeña escala nacional (su mayor fuerza está concentrada en Madeira) no tendrá un gran impacto en la operación global lusa del banco de Ana Patricia Botín.
Lo que sí está claro es que la buena imagen del Santander Totta, considerado generalmente como el mejor banco nacional por gestión y resultados, saldrá aún más reforzada tras esta operación. Y cabe recordar al respecto que el proceso de venta de NB volverá a empezar de cero en enero, tras la anulación de la última subasta entre los dos finalistas chinos Angbang y Fosum y el fondo americano Apollo.
De ahí, la importancia de la venta de Banif, que crea un precedente en la medida que deja el Santander protegido contra futuras eventuales malas sopresas, en relación con el saneamiento de la entidad y la venta de sus activos tóxicos. De hecho, nadie sabe cuál será el coste final del NB para la banca y para el Estado.
Además de sumar 8.000 millones de crédito moroso, el NB salió aún más vulnerable de los últimos tests de estrés del BCE: en el escenario más negativo tendría en 2017 un déficit de capital de 1.400 millones, con que el Fondo de Resolución tendrá nueve meses de plazo para solucionar el problema, probablemente con la ayuda del Estado.La última tentativa de venta quedó anulada, ante las exigencias de los tres candidatos finales (dos fondos chinos y otro morteamericano), no solo por el precio de 4.900 millones puesto por el Estado y por la banca privada que entienden recuperar así sus aportaciones respectivas de 3.900 y de 1.000 millones, sino también por algunos activos tóxicos que aún no habían sido transferidos al antiguo BES, cuyo proceso de liquidación entrara ahora en la fase final.
En todo o caso, la venta de NB, que el gobierno minoritario de Antonio Costa quiere relanzar en los próximos días y tener arreglada para el próximo verano (aunque el plazo máximo fijado por el BCE solo expira en 2016), representará una nueva oportunidad para el Santander, y por lo tanto para el capital español, que entre 2011 y 2015 se hizo con un total de 34 empresas lusas, el triple de las adquisiciones realizadas por el capital francés, el norteamericano y el alemán.
Según el periódico “Publico”, que hace referencia a un estudio de Transactional Track Record, la inversión total superó los 25.000 millones de euros (un 14% del PIB luso). Sin embargo, en los primeros lugares de la lista no sale ninguna grand adquisición española sino operaciones de gran calado, como las ventas de Portugal Telecom a la francesa Altice (5.800 millones) de la gestora de aeropuertos Ana a otra empresa gala Vinci (3.580 millones), del 21,35% de la eléctrica EdP a China Three Gorges (2.690 millones), y de la cementera Cimpor a la brasileña Camargo Correa (2.500 millones). El precio de NB no quedará probablemente muy lejos.
Imagen de marca
En todo o caso, los problemas y las incertidumbres que pesan sobre la banca lusa van mucho más allá del NB y de Banif. De hecho, desde el 2012 el Estado lleva inyectados un total de 11.500 millones en el sector financiero, principalmente a través la emisión de CoCo´s (5.800 millones), la subscrición de acciones (1.450 millones) y el préstamo al Fondo de Resolución del NB (3.900 millones).
Las arcas públicas tuvieron también que inyectar capital fresco en el mayor banco del país, la Caixa Geral de Depósitos (CGD), que tiene al Estado como único accionista pero cuyo futuro no está del todo claro: la idea de una privatización total o parcial lleva ya tiempo sobre la mesa, pero cualquier decisión en esa dirección seria duramente contestada por la izquierda radical, sin cuyo apoyo el PS no podría seguir gobernando el país.
Queda también aun por elucidar las responsabilidades personales de la mala situación y de la mala imagen del sector financiero. La justicia lusa no se da muchas prisas para juzgar, por ejemplo, la quiebra fraudulenta del antiguo Banco Portugués de Negócios (BPN), que tenía al frente a ex - dirigentes social-demócratas cercanos al aun Presidente de la Republica Cavaco Silva y que, según los expertos, tendrá un coste para las arcas públicas de hasta 7.500 millones de euros.
La instrucción del proceso lleva ya más de 5 años y cabe el riesgo de que, para cuando se abra el juicio oral y se dicten las sentencias, muchos de los crimines y de los delitos financieros juzgados queden ya amnistiados. Y lo mismo podría pasar con la familia Espirito Santo, que durante décadas actuaron como dueños del país y cuyas presuntas malas prácticas financieras llevaron el BES a la quiebra, dejando un agujero monumental , de miles de millones de euros.