LOS LOBBIES ACTÚAN COMO CÁRTELES EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El conocimiento y el deseo de transparencia aceleran la necesidad de exponer ordenadamente el mapa de los grupos de interés ¿Qué transparencia tienen los lobbies? ¿Qué recursos mueven? ¿Cómo y dónde exponen sus conclusiones? . El libro 'Los grupos de interés en España', presentado en el Círculo de Economía, desgrana el efecto de estos actores sobre las relaciones empresariales y de poder en nuestro país. Joaquim Molins, junto a Luz Muñoz e Iván Medina, analiza, junto con otros expertos, la interacción entre entidades y organismos con la administración con la idea de que a todos les beneficia la ''falta de transparencia''.

Los grupos de interés en España siguen sin regularse, a pesar de algunos tímidos intentos. La corrupción se ha intensificado en los últimos años, y ello ha dado pie a la exigencia por parte de la ciudadanía de una mayor transparencia, pero los principales partidos políticos, que se hayan ahora negociando para constituir un gobierno, no han querido o no han podido regular los lobbies o grupos de interés. "Se mantienen las relaciones privilegiadas" con las administraciones, asegura Joaquim Molins, catedrático Emérito de Ciencia Política de la UAB, coordinador del mayúsculo estudio “Los grupos de interés en España, la influencia de los lobbies en la política española” (Tecnos, 2016). Molins, , dirige un estudio en el que se repasan las organizaciones empresariales, las sindicales, la influencia de la Unión Europea; la relación de los grupos de interés con el mundo local; y determinados sectores como la farmaindustria; el sector asegurador; el sector eléctrico; las oenegés; o las instituciones religiosas. Un compendio que arroja luz sobre unas relaciones que en otros países, como en Estados Unidos, se identifican en un registro público para conocer todas sus acciones, y las ayudas económicas que realizan. Joaquim Molins parte del estudio de Juan Linz, en un trabajo inicial de 1988. A pesar del avance de la sociedad española, y de la dinámica del sistema político democrático en España, Molins argumenta que buena parte de aquellas conclusiones de Linz se mantienen y que el sistema de representación de intereses en el inicio de la transición política era ''relativamente débil, pluralista, muy fragmentado y politizado''. Esas características "limitaron la aparición de un sistema de grupos de interés capaz de asumir el papel que se espera de ellos en un sistema político democrático estable".

Los intereses son inevitables pero es necesario atemperar sus efectos. Sobre este principio bascula la acción organizada de los lobbies, cuyo panorama se ha reunido en el libro “Los grupos de interés en España” (Tecnos), coordinado por los profesores Joaquim Molins, Luz Muñoz Márquez e Iván Medina.

"Este es un libro que hacía falta en España", sentenció Antón Costas en la presentación del libro en un acto celebrado en el Círculo de Economía y coordinado por Manel Manchón, director de Economía Digital. Lo que no se mide no se conoce y conocer los lobbies es una de las demandas más repetidas y menos saciadas del momento. La formación de precios en España ya no responde a los costes, sino a los acuerdos de cartelización entre empresas a situaciones de monopolios. "En nuestra economía los grupos de interés actúan como monopolios que acaban imponiendo precios que nunca son favorables a los consumidores", afirma Costas. (Foto: los autores de “Los grupos de interés en España”, junto a Manel Manchón, director de Economía Digital, durante la presentación del libro).

La identidad de los lobbies

¿Cómo evitarlo? Costas propone introducir una "mayor competencia de intereses". ¿Es un lobby el Círculo de Economía, se preguntó Manel Manchón?. "Ya me gustaría" respondió Costas. "Podríamos ser un grupo de interés promotor de causas", se interrogó el todavía presidente del Círculo y aprovechó la ocasión para recordar que fue en el Círculo donde nació el primer impulso para la fundación de la CEOE española, de la mano de Carlos Ferrer-Salat. Muchos años después, en 1993, el Círculo promovió la creación del Instituto de la Empresa Familiar, "esta vez sí, un auténtico lobby".

Hasta ahora, los grupos de interés en España han sido de "fácil factura", en palabras de Molins, dinamizador del libro que ha movido a una treintena de académicos y que será a partir de ahora un auténtica enciclopedia española de los lobbies. Molins recuerda la existencia de defensores naturales de los negocios con dos ejemplos siempre recurrentes: el palco del Bernabéu y la Llotja del Barça.

El cartel de precios del metro cuadrado tuvo sus escenarios en estos respectivos teatros de operaciones; fue antes de la crisis, en pleno boom del ladrillo. Pero atención: en el imaginario colectivo, el lobby es conservador. Sin embargo, la confrontación entre izquierda y derecha ha sufrido una transformación determinante; no enfrenta ya a los partidarios de lo público y necesariamente bueno, contra lo privado movido por el interés material. Hoy la dialéctica es entre quienes tienen más a perder con el fracaso del mercado frente a quienes pueden sobrevivir mejor cuando los mercados no garantizan la seguridad.

Reclamo ciudadano

La profesora Rosa Nonell, una de los coautoras del libro, destacó que la necesidad ciudadana de conocer los grupos de interés en España tiene dos antecedente claros: la negociación colectiva patronales-sindicatos y los acuerdos territoriales sobre los que se ha basado el sustrato económico de las autonomías y los poderes locales. Las patronales actúan como grupos de interés y en este punto despliegan el halo de misterio en la calle. Los detonantes son el agotamiento del modelo de la Transición, basado en la Constitución de 1978, y la reivindicación de la regeneración democrática, en la que tiene su papel la llamada Nueva Política.

¿Dónde hay más reuniones empresa-política, en Alemania, en España o Irlanda? ¿Es lógico que los ex políticos se dediquen al lobby? ¿Cómo es que la Marca España nació en las Azores en 2002? Estas son, entre otras, las preguntas que se formuló Josep María Ureta en el acto de presentación del libro. El experto periodista de economía puso brillantemente sobre la mesa el concepto de captura del regulador (George Stigler). Y se extendió sobre el papel de los lobbies en el mundo de la opinión con la actual explosión de la prensa digital.

El libro presentado y debatido con interés antes los socios del Círculo de Economía profundiza en un conocimiento difuso sobre el tema. Los lobbies cuentan hoy con registros públicos, en especial el vinculado a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), con 450 inscritos y con ausencias notables, como lo sindicatos o la misma patronal catalana, Fomento del Trabajo.

Toma de decisiones conjuntas

Desde las plataformas de la etapa pre-democrática han transcurrido cuatro décadas que confluyen en este punto: los lobbies encuadran hoy la toma de decisiones conjunta entre las instituciones públicas y los actores sociales. Organismos internacionales como la OCDE o Transparencia Internacional han espoleado a los grupos de interés a partir de sus recomendaciones.

El libro de Molins, Muñoz Márquez y Medina no quiere servir de coartada para los críticos de los sistemas liberales, ni favorecer a las teorías conspirativas que reducen la toma de decisiones y la influencia de los lobbies a una imposición de los poderes fácticos sobre los principios democráticos. Los autores del libro arrancan en el cásico “The Process of Governement” (Bentley), antecedente de la literatura contemporánea sobre la materia del papel de los lobbies organizados como definidores del núcleo central del proceso político. La captación de este enfoque a lo largo de un siglo ha refutado la idea de que la política estaba constreñida a la configuración institucional del Estado. El análisis de los grupos de interés abre un continente que estudia la distribución del poder político en la sociedad conectando los conflictos sociales con la organización de los grupos y la toma de decisiones.

La cuestión de la transparencia

Los lobbies han contribuido a entender la política como una actividad de individuos organizados, más allá de los aparatos del Estado y de los partidos políticos que los habitan. En la empresa y en la política, la desaparición de la identidad es totalitaria, pero la actividad no puede estar en visibilidad permanente ("la armonía oculta es superior a la armonía manifiesta", dijo uno de los autores utilizando la cita clásica). La transparencia es a menudo implícita pero reconocible, oficializable a través de los registros mercantiles y las auditorías externas. La mediación del lobby es absolutamente necesaria. La peor fantasía sobre la libertad empresarial es un mercado sin ordenación ni reguladores limitado solo por los códigos civil, laboral o penal. Cuando el límite es la ley significa que ha fracasado la negociación entre los holders que envuelven los proyectos volcados en el riesgo.

Por tanto, según Molins, las reglas, al pasar del tardofranquismo a la democracia, no cambiaron en exceso. "Las Administraciones Públicas prefieren relaciones privilegiadas con ciertos grupos, a los que otorgan una serie de privilegios, y algunas organizaciones, que se reclaman privadas e independientes, demandan ayuda de la Administración para conseguir afiliados o mantenerse económicamente", algo que afecta directamente a los sindicatos, CCOO y UGT, y a las organizaciones empresariales, como la CEOE.

Uno de los problemas, por la falta de entidad de esos grupos, es que son "de fácil captura", según Molins. Y se explica: "Aunque los grupos se reclaman siempre como independientes y no partidistas, su apenas perceptible autonomía financiera y funcional los hacen ''de fácil captura'' por parte de los partidos que gobiernan las diversas Administraciones Públicas; mediante su reconocimiento institucional e invitación a participar en los diversos organismos de consulta existente, con cierta facilidad, en términos comparados, acaban actuando en bastantes ocasiones al dictado de aquellos". Lo curioso, en el análisis de la transformación de España del estado franquista al sistema democrático, es que se ha animado a que los grupos de presión cobraran protagonismo, para dar solidez al modelo, pero con toda una suerte de trabas para que dependieran de los actores políticos e institucionales.

Sólo en 1992 se intentó crear un registro público de grupos de interés. Lo hizo el CDS, pero la legislatura decayó y ya no se recuperó la iniciativa parlamentaria. Sólo en Cataluña se ha tratado de recoger una medida similar aunque sin mucho éxito.

Molins señala que el registro es necesario, pero no garantiza el buen funcionamiento del sistema, ni que éste sea más transparente. Depende de muchos otros factores, y considera que uno de ellos es la "resistencia cultural e institucional".

Pero el mundo académico ha logrado, con este libro, un buen punto de partida. Porque sin saber lo que ha ocurrido y cómo funcionan los lobbies, poco se puede edificar después.

¿Quiénes son los ‘lobbies’ españoles?

Los grupos de presión salen a la luz. Cerca de 80 asociaciones se han apuntado en el registro de lobbies que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha puesto en marcha con el fin de dotar de transparencia a esta actividad, y que la relación de estos grupos con el regulador en defensa de sus intereses particulares o sectoriales responda a unos criterios legales y de buen gobierno.

Los grupos inscritos son organizaciones de consumidores, patronales, multinacionales, movimientos ciudadanos, despachos de abogados, agencias de comunicación o autónomos. El registro, que arrancó el pasado 3 de marzo, tiene carácter voluntario, público y gratuito.

Para adherirse al registro, las asociaciones han tenido que asumir un decálogo ético que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos). Entre otras cosas, se comprometen a no ir de incógnito y dejar claro a quién representan, a “no difundir información de carácter confidencial que pudieran conocer “en el ejercicio de su actividad” y a asumir que lo que cuenten a la CNMC sí se hará público.

El registro está dividido en cinco grupos. El primero engloba al sector de servicios de consultoría y asesoramiento, en el que se han inscrito 25 grupos, fundamentalmente, despachos de abogados y consultoras profesionales como Llorente y Cuenca, Planner Media, Mas Consulting o Edelman.

El segundo grupo abarca el sector empresarial y de base asociativa, y cuenta con 32 miembros. Entre ellos, las patronales del automóvil (Anfac), cadenas de supermercados, transporte de viajeros por autocar (Asintra), alimentación y bebidas (Fiab), compañías petrolíferas (Aeop), ingeniería (Tecniberia) y empresas digitales (Adigital).

El tercer grupo está dedicado a las organizaciones no gubernamentales , entre las que se han inscrito Siemens Healthcare, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación Española de Cogeneración (Acogen). El cuarto grupo responde al epígrafe de sector científico y de investigación, y el quinto y último al de otros, destinado a particulares o autónomos.

Aunque el registro es voluntario, solo los grupos que estén dados de alta en la lista tendrán derecho a personarse ante los cargos, autoridades y empleados públicos como grupo de interés y conocer las regulaciones y procedimientos que lleva a cabo la CNMC. El organismo que preside José María Marín Quemada considera que los grupos de interés desempeñan un papel importante y legítimo, y que con este registro podrán ejercer mejor su labor para instar a cambiar la legislación que les afecta, al mismo tiempo que los ciudadanos conocen la relación e influencia que tienen sobre el regulador.

La CNMC está satisfecha con la acogida inicial que ha tenido el registro y está convencida de que el número crecerá rápidamente hasta completarse en dos años. El organismo ha invitado a las empresas más relevantes a que se apunten al mismo.

La Comisión Europea tiene desde 2012 su propio registro de grupos de presión, en el que están las organizaciones que mantienen contactos regulares con las instituciones comunitarias, con casi 10.000 asociaciones apuntadas. Para que sus representantes accedan al Parlamento o a la Comisión Europea es condición “sine qua non” estar registrados en este fichero.

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