La última vez que un gobierno catalán declaró unilateralmente la independencia fue el 6 de octubre de 1934. Lluis Companys, proclama el Estat Catalá y el general Batet, a las órdenes del jefe de Gobierno de la República, Alejandro Lerroux sofoca militarmente la sublevación. La independencia dura 10 horas. El periodista José García Abad ha escarbado en los más importantes fondos documentales, muchos de ellos inéditos, que plasma en el libro "Cataluña, 10 horas de independencia" (Ediciones El Siglo). Son apasionantes y muy actuales las actas del proceso que la República incoa a Companys y a todo su Gobierno, así como los encendidos debates en las Cortes que desembocan en la supresión del Estatuto de Autonomía.
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON LA SITUACIÓN ACTUAL
Han cambiado muchas cosas desde entonces pero “la cuestión catalana” sigue hoy, en el fondo, aproximadamente como entonces. Entonces, como ahora, el desencadenante del conflicto fue la supresión por el Constitucional de decisiones del parlamento catalán así como la acusación por parte de la Generalitat de que el Gobierno español había iniciado un proceso de “recentralización”. En tiempos de Companys, como hoy, los nacionalistas se quejan de que Cataluña no obtiene el trato debido a su aportación al Estado.
“El 6 de octubre” es un tema casi tabú en Cataluña. Recientemente Artur Mas confesaba al director de La Vanguardia, Màrius Carol que había dos cosas que no se podía permitir: saltarse la legalidad o hacer el ridículo. Su antecesor Luis Companys, de Esquerra Republicana, se saltó la legalidad y, según algunos, como el jefe del Estado, Niceto Alcalá-Zamora, entendieron que hizo el ridículo. Cuando este indulta a todos los condenados a muerte frente al criterio de una buena parte del Gobierno de entonces, justifica su decisión en que el ridículo mata en política y que no quería convertir el ridículo en gloria haciendo fusilar a los implicados. Y Añade: “No quiero volver a Barcelona como Felipe IV o Felipe V”. La trágica muerte de Companys ha salvado su memoria del ridículo al ser fusilado por orden de Franco en el castillo de Montlluïc.
“ME CAGO EN LA PESETA”
Sigue vigente la frase de Ortega y Gasset en su controversia con Manuel Azaña:”Cataluña – dictaminó el filósofo - es un problema insoluble que España solo puede esperar a conllevarlo”. Entiende el autor que Artur Mas es más sensato que Companys quien cuando Cambó le hizo notar que la independencia de Cataluña sería fatal para la peseta le replicó: “Yo me cago en la peseta”. No parece sensato que el Gobierno catalán o sus apoyos parlamentarios se caguen en el euro y quieran restaurar la peseta aunque, ciertamente, la peseta es una palabra catalana, lo que les ahorra el trabajo de inventarse otra moneda.
Se dice que los catalanes pasan con facilidad “del seny a la rauxa”, de la cordura al arrebato, de una elegante serenidad a liarse la manta a la cabeza. Muchos catalanes se encuentran en la rauxa
¿ES EL FEDERALISMO LA SOLUCIÓN?
Lluis Companys proclama el Estat Catalá “dentro de la República Federal Española”. ¿Se conformarían hoy la Esquerra y Convergencia i Unió por la integración de Cataluña en un estado federal español?. El federalismo que era entonces como lo fuera en la I República, con Pi i Margall, un desiderátum para Cataluña no parece que sea aceptado hoy. Los nacionalistas piden un estado propio, la independencia pura y dura aunque quizás pudieran aceptar una confederación como la que intentó Francesc Maciá, “el Avi”, (“El Abuelo”) el 14 de octubre de 1931 en la primera proclamación de un Estat Catalá dentro de una imaginaria Confederación Ibérica.
Se puede observar en ambos episodios independentistas, el de Maciá y el de Companys, ambos dirigentes de Esquerra Republicana, un deseo vehemente de independencia embridado por el vértigo de la ruptura del cordón umbilical con España.
HOY NO HAY LUGAR PARA LOS CAÑONES PERO…
El autor quisiera creer que la diferencia esencial entre hoy y ayer, entre el siglo XX y el XXI, es que hoy no se resolvería el problema apuntando con los cañones del capitán general de Cataluña, en estos momentos un tal José Manuel Muñoz Muñoz, al palacio de la Generalitat.
No cree que nos volvamos locos pero también lo aseguró en su día Companys: “No somos unos insensatos”. No estamos en la misma situación pero preocupan gestos como el de la Asamblea Nacional de Cataluña, motor del independentismo, que especulaba con la creación de un Ejército regular y la actuación de guerrillas para defender las fronteras catalanas. Es mencionar la bicha.
EL REY Y EL EJÉRCITO
La Constitución dice en su artículo 8.1: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integración territorial y el ordenamiento constitucional”. Y en el artículo 63.3 se dice: “Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz”. Y el artículo 155 autoriza al Gobierno a dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas para que cumplan con sus obligaciones. Se supone que esas autoridades son, entre otras las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.
Sabino Fernández Campo, que fue jefe de la Casa de Su Majestad, resaltaba la ambigüedad legal sobre el significado de las expresiones “mando” y “supremo” de la Fuerzas Armadas que se atribuyen al Rey y que según Sabino no es meramente simbólico. E hizo una suposición inquietante sobre el caso hipotético de que un Gobierno legítimo se desviara de la Constitución “hasta el punto de hacer peligrar la integridad nacional”. En ese caso según el general Fernández Campo: “siempre será consolador pensar que el Rey puede tener en su mano, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, la defensa de su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No se trataría en absoluto de un golpe de Estado militar, sino de la forma de oponerse a que se diera por un Gobierno legítimamente constituido, pero que se hubiera apartado de la Constitución”.
Ediciones “El Siglo” 336 páginas. 18 euros.
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