Transparencia Internacional España califica de insuficiente el nivel de transparencia y la regulación del lobby en España. El Informe de TI-España analiza los riesgos de corrupción asociados a la falta de transparencia y de adecuada regulación de la actividad de lobby. Según la organización, España suspende en los tres aspectos cruciales del lobby: transparencia (10%), integridad (35%) e igualdad de acceso (17%). El lobby es positivo para el funcionamiento de la democracia si se desarrolla con transparencia e integridad, en un marco que garantice la inclusión
Transparencia Internacional España presentó su informe "Una evaluación del lobby en España: Análisis y propuestas" que desentraña el marco y las prácticas del lobby en España, analiza los riesgos de corrupción asociados a la poca transparencia e inadecuada regulación, y realiza una serie de recomendaciones y propuestas a responsables públicos y representantes del sector privado y no gubernamental, para mejorar la transparencia, promover la integridad y equilibrar el campo de juego.
En Europa la influencia de los “lobistas” y los “lobbies” está envuelta en secreto y es motivo de preocupación. En muchos países europeos, más de 50% de los ciudadanos creen que su gobierno está, en gran medida o enteramente, guiado por unos pocos y poderosos intereses. Y un 81% de los ciudadanos europeos cree que los vínculos excesivos entre los negocios y la política generan corrupción en su país.
La ciudadanía y las empresas españolas no son ajenas a estas preocupaciones. En un contexto de alta percepción de la corrupción, desafección hacia el gobierno y las instituciones, y cierta sensación de impunidad, el debate sobre los lobbies/lobistas y su regulación surge nuevamente en la esfera pública.
Ausencia de normativa
Según el Informe, en España "no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace". La realidad formal prevé la participación de los ciudadanos en algunos procesos de decisiones políticas, y algunas organizaciones -sindicatos, patronales, o entidades como los Colegios profesionales y Cámaras de comercio- participan, en virtud del marco constitucional y normativo, en la definición de los intereses generales junto a las instituciones públicas. "Y por otra parte, existe una realidad informal, en la que cientos de lobistas profesionales, empresas y grupos de interés diversos tratan de influir sobre el ejecutivo y el legislativo sin que existan normas que regulen su acceso, la información sobre sus contactos, los límites éticos a su labor o la mera constancia de las reuniones." Así, "existe una conciencia difusa de que ciertas grandes corporaciones y grupos de interés influyen de forma indebida (aunque no necesariamente ilegal) en la toma de decisiones políticas".
En la ausencia de más transparencia, integridad y de una regulación adecuada del ejercicio de la representación de intereses y de la influencia en la política, la actividad de lobby se asocia a la influencia indebida y a riesgos de corrupción, y tiene una connotación negativa en el imaginario público.
Por sectores
En el Informe, parte del proyecto "Lifting the Lid on Lobbying" financiado por la Comisión Europea y dirigido en España por el profesor Manuel Villoria, se presentan casos en distintos sectores como Energía, Salud, Financiero, Telecomunicaciones o Construcción, relacionados con riesgos de corrupción y con malas prácticas o prácticas no éticas. Los casos ilustran, por ejemplo, cómo la falta de transparencia es un factor negativo en la elaboración de las políticas de salud pública o energía; cómo la falta de acceso a la información pública afectó las decisiones de las autoridades financieras para poner freno a la crisis de las Cajas de ahorros. Las "puertas giratorias" entre empleos en el sector público y privado, inevitables en democracia más allá de un periodo de cuarentena, deben controlarse mejor para evitar los conflictos de intereses y los mecanismos de captura regulatoria y técnica, como dan cuenta el caso del Puerto de El Musel y otros en el área de Sanidad y Energía.
La regulación y la práctica del lobby en España no cumplen los criterios que plantea Transparencia Internacional. El análisis del Informe en términos cuantitativos arroja una puntuación global de 21%. La transparencia es el aspecto más insuficiente del lobby (10%), mientras que la integridad alcanza un 35% y la igualdad de acceso de los ciudadanos y grupos a los procesos de decisión se limita a un 17%.
Para Jesús Lizcano, presidente de TI España, "la mejora de la transparencia y la integridad en el ámbito del lobby contribuiría a distinguir el lobby de las actividades corruptas o faltas de ética, a equilibrar el campo de juego en la toma de decisiones, y en definitiva, a lograr mejores leyes y políticas para todos".
El Informe concluye con 15 recomendaciones destinadas a responsables públicos y "lobistas" y relativas a tres ámbitos: registro y divulgación de información por parte de los poderes públicos y lobistas, medidas para la promoción de la integridad en el sector público, así como sobre financiación de los partidos políticos.