El Gobierno impulsará en los próximos meses la creación en el Congreso de un registro en el que se inscribirán “las organizaciones sociales y representativas de intereses entre cuyos fines se encuentre influir, directa o indirectamente, en la actividad legislativa de las Cortes Generales y en general en la adopción de decisiones políticas por el Congreso de los Diputados o el Senado o por cualquiera de sus órganos”. Ediciones Golden prepara para su publicación un libro en el que se abordará esta parcela del poder hasta ahora no reconocida legalmente, con los más importantes Lobbies y Think Tanks que operan en el mercado español.
Cuando se dice que en España no hay sociedad civil –o al menos, no la suficiente– se hace referencia al grap existente entre el poder y los ciudadanos, un enorme vacío monopolizado por los partidos políticos que fagocitan cualquier tipo de espontaneidad social. Esto no ocurre en otros países, que estimulan la participación social de la ciudadanía en agrupaciones y organizaciones, y estiman legítima la defensa de intereses sectoriales mediante sugerencias, entrevistas, difusión en la los medios, campañas, contactos personales etcétera. En lenguaje coloquial, esta actividad se denomina en España “presión” –término con evocaciones coactivas—y la llevan a cabo evanescentes “grupos”. De ahí que aquí se hable de “grupos de presión” y no de lobbies. Esta situación, especialmente en el mundo financiero que en el que el lobbying resulta más frecuente, debería cambiar en la dirección que camina en países como los EEUU, Alemania y Canadá que cuentan ya con una acreditada regulación que ha elevado al lobbysta a una categoría profesional y al lobby a un ejercicio semipúblico perfectamente asumible y asumido.
En Europa el lobbying está ahora en el escenario. La centralización de decisiones económicas han hecho de la capital belga el ámbito natural de los lobbies. Las cifras varían: según algunas fuentes, en Bruselas trabajarían hasta 15.000 lobbystas y más de 2.500 organizaciones de esa naturaleza; según otras, esa cifra es corta y llegaría a 100.000 lobbystas y 5.000 organizaciones. Ante esta avalancha, surge la necesidad de revisar la normativa reguladora de esta actividad en los dos aspectos fundamentales: la transparencia, por una parte, y la profesionalidad, por otra. En función de lo primero, es un requisito esencial que el lobby se reconozca como tal, y en función del segundo requerimiento, es de exigir que disponga de capacidad técnica y financiación reconocible.
Cumplidos esos requisitos, el lobbying no debería plantear problema alguno. La actividad de lobbying forma parte de la que ejercen profesionales de la abogacía, la consultoría en sus múltiples variantes e, incluso –aunque no se suela subrayar este aspecto – los medios de comunicación.
Regulación
De ahí que el lobby esté vinculado a profesionales y actividades más amplias que incluyen el asesoramiento y la representación, lo que hace todavía más urgente una regulación no sólo a nivel comunitario, sino también nacional para que el lobbying deje ser en España mera y peyorativa presión y los lobbystas unos oscuros personajes, logreros de intereses opacos o inconfesables.
Luz y taquígrafos, transparencia en el ‘lobbying’, El Aula Europea de Periodismo de la Universidad Europea de Madrid acogió recientemente el encuentro Lobbying, Comunicación e Imagen Pública, un foro de debate en el que varios expertos abogaron por una mejor regulación del lobby para abordar con éxito su desarrollo en España. Para ello, Alfonso López, director general de comunicación de Endesa, insistió en que “vivimos en una sociedad híper regulada y resulta increíble que nadie en España haya pensado en una regulación del lobbying”. Mientras, Alejandro Nurnberg, managing director de la firma FTI Consulting, apoyó esta afirmación diciendo que “el lobby debe estar formalizado para la mejora de su práctica”.
Varios expertos destacaron que la transparencia es básica a la hora de hacer lobbying. Milagros Mostaza, directora de Interel Asociaciones, destacó que “la relación entre las asociaciones y el Gobierno es fundamental y, por ello, es necesario que las asociaciones sean totalmente transparentes en torno a quiénes son sus miembros y qué representa cada uno de ellos”. En esta misma línea, el asesor parlamentario del Partido Popular (PP) y profesor de Derecho a la Información, Borja Adsuara, afirmó que “lo primero que hay que plantearse en nuestro país es el marco jurídico de la transparencia de la información. Las Administraciones Públicas están obligadas a ser transparentes, a excepción de aquellas materias declaradas como Secretos Oficiales.
Transparencia
Un conjunto de firmas representativas de las principales compañías de consultoría y bufetes del mercado español han organizado una plataforma -Foro por la Transparencia- que persigue trasladar al Gobierno y al Parlamento la necesidad de normalizar esta actividad mediante un marco regulatorio que ampare "jurídicamente la creciente participación de los grupos de interés en el desarrollo normativo realizado por las Administraciones públicas". Las firmas que encabezan esta propuesta son Analistas Financieros Internacionales (AFI), Cremades & Calvo Sotelo, Llorente & Cuenca, Price Waterhouse Coopers, Roca Junyent y una docena más de firmas.
Una de las grandes incógnitas es el volumen de fondos que mueven los lobbies. "Sobre esto hay mucho mito. A los estadounidenses les encanta contabilizar como propio todas las operaciones comerciales que se hacen con participación de lobbies. Es como si un economista contase como propio todo el dinero de, por ejemplo, una compra de un banco en el que ha participado como asesor. Ridículo. El lobby es, en la mayoría de las situaciones pura consultoría y nadie se hace rico con la consultoría", señala Joan Navarro, responsables de asuntos públicos de Llorente&Cuenca.
Su modelo a seguir es la legislación de la Unión Europea. Los lobbies ya estaban presentes a finales de los setenta en Bruselas, aunque su explosión se produjo a raíz del Acta Única Europea, que sentó las bases de lo que luego sería la Unión Monetaria. Y la libre circulación de capitales y mercancías.
Los promotores de esta iniciativa argumentan que la mala imagen que arrastran los grupos de interés y la relación inevitable con la corrupción se desecharía si hubiera un marco normativo. "Es precisamente porque la ausencia de un marco regulador que garantice la transparencia e integridad de las relaciones con las instituciones públicas es el contexto idóneo para la aparición de comportamientos poco éticos. Pero la forma de evitarlo no es mantener el limbo actual, sino establecer una regulación clara y transparente que permita diferenciar las actuaciones legítimas de las que no lo son", afirma Jordi Flores, director general de Solchaga Recio & Asociados.
En la misma línea, las principales demandas del Foro de Transparencia son la creación de un registro voluntario de intereses en el Parlamento y el Gobierno, la publicación de un Código de Conducta que defina el comportamiento que deben seguir los representantes de aquellos grupos de interés que se inscriban en el registro, la concesión de tarjeta de libre acceso al Parlamento para aquellos representantes de grupos de interés, y el acceso público a las agendas de altos cargos y personal de libre designación.
Legalidad
Los lobbistas españoles recuerdan que 90 países han formalizado este acceso público a la información y, al menos 15 (Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, EE UU, Francia, Hungría, Israel, Lituania, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa y Taiwán) han otorgado un marco normativo específico a la actividad que ejercen los grupos interés.
Los responsables de consultoría de asuntos públicos se distancian del modelo estadounidense y de prácticas como la de financiar las campañas electorales. "En EE UU, los lobbies son importantísimos financiadores de las campañas electorales, como los sindicatos, las iglesias, los clubes de baloncesto... La política norteamericana es financiación privada; en Europa, por suerte, no. Por eso hace falta más transparencia y nadie caiga en la tentación ni de recibir, ni de dar", dice Navarro.
El Foro por la Transparencia no es el único que quiere luz y taquígrafos para los lobbies. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), constituida en 2007, también ha trasladado durante la pasada legislatura sus propuestas a los distintos grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que persiguen tres objetivos: reconocimiento de la actividad, establecimiento de mecanismos que favorezcan la transparencia en el funcionamiento de las instituciones, y el fomento de herramientas que establezcan los pilares deontológicos de la profesión. En el apoyo inferior, destacamos las palabras de su presidenta, María Rosa Rotondo.
En este sentido, en febrero de 2011 APRI aprobó el primer Código de Conducta para los lobbistas españoles, de obligado cumplimiento para todos sus miembros. Actualmente está integrada por 50 profesionales que desarrollan su actividad en sectores como el farmacéutico, las tecnologías de información, telecomunicaciones, financiero, o medio ambiente, entre otros.
Apoyo: Lobby y Transparencia, claves de la competitividad
María Rosa Rotondo, Presidenta de Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI):
"Una de las razones principales que nos ha llevado, como la asociación que agrupa a los profesionales del lobby en España, a comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es nuestra firme convicción en la importancia que ambos conceptos, estrechamente ligados, tiene para la competitividad de las empresas, para el crecimiento de la economía y para el bienestar de la sociedad en general.
Al hacer transparentes y relevantes para los responsables públicos los diferentes impactos económicos, se ayuda a que se tomen aquellas decisiones que generan mayor actividad económica y mayor empleo mejorando la cadena de valor generada en España y por tanto su productividad y competitividad internacional.
Tener un colectivo profesional, amplio, preparado y profesionalizado es clave para que sus decisiones respondan también a los intereses de España. El lobby es, por lo tanto, un aspecto esencial de dicha transparencia. El lobby no es otra cosa que la representación de opiniones e intereses legítimos del conjunto de la sociedad ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel nacional como autonómico. El lobby incluye la expresión de ideas, de puntos de vista, la participación de la sociedad en las decisiones que les afectan. Los lobbistas somos hilos conductores de los intereses particulares hacia los poderes públicos, facilitando a la vez una vía de acceso a información sobre el proceso de toma de decisiones, las razones por las que se toman, cuándo y cómo se toman y quién participa en la toma de decisiones.
Pero para cerrar este círculo virtuoso es necesario dotar al lobby también de transparencia. Y es por eso que desde APRI hemos solicitado al Gobierno y a los miembros del Congreso que incluyan al lobby y al ejercicio del lobby en la Ley de Transparencia. Con disposiciones que nos obligue, a aquel que ejerce de lobbista y/o que lleve a cabo actividades de lobby, a registrarse en el Congreso y en el Ejecutivo y a declarar sus intereses y sus interesados. Que sea de obligado cumplimiento para todo aquel que lleve a cabo actividades de lobby la firma de un código de conducta ético, similar si acaso al que hemos firmado todos los que somos miembros de APRI de forma voluntaria. Una mayor transparencia en el ejercicio del lobby se traducirá también en más seguridad y estabilidad, mayor confianza y mayor fiabilidad en la economía española, sus ciudadanos y sus instituciones públicas y, por ende, en una mayor competitividad de sus empresas y de sus ciudadanos".